La resaca del terrorismo

Los periodistas denunciados

La lucha contra el terrorismo en España, cortesía del separatismo vasco e inicialmente contemporáneo de la "Fracción del Ejército  Rojo" alemán (o Banda Baader-Meinhof)  y las "Brigate Rosse" italianas, se saldó con un éxito muy relativo, gracias a las fuerzas del orden, Guardia Civil y Policía Armada y pese a los errores cometidos por los políticos responsables, faltos de convicciones democráticas firmes y muy propensos a frecuentes  encogimientos de ánimo.

No es extraño que semejante lacra sufrida durante casi cincuenta años haya dejado secuelas, como la existencia de ciertos políticos "que comprenden las prácticas terroristas" por "falta de salidas políticas", se muestren condescendientes y amables con esos grupos predispuestos, a la menor ocasión, a recurrir a la violencia, o admitan "el derecho a decidir" autoproclamado por los aldeanos de cualquier aldea que se declare aborigen.

A estos llamados políticos pueden añadirse togados que se apuntan al "uso alternativo del derecho", el último hallazgo de unos infames picapleitos que esperan con fruición el escándalo provocado por sus sentencias redactadas para dejar estupefacto al público contribuyente. Son los mismos que en el ámbito europeo apoyan "el derecho al olvido" y la "ley de protección (indiscriminada) de datos".

Este ambiente de pesadilla ha hecho posible que una demanda por calumnias, haya sido admitida a trámite contra dos periodistas, a los que se piden 300.000 Euros por daños y perjuicios. El denunciante del caso, Gonzalo Boye, de origen chileno, fue condenado por sentencia firme a doce años de prisión, dada su cooperación con la banda terrorista ETA, en el secuestro durante de más de un año de un industrial soriano.

Los periodistas (Alfonso Rojo e Isabel Durán) se encuentran atrapados, porque en el juicio al que fue sometido el tal Boye, no pudo demostrarse su pertenencia a la banda, al margen de la citada cooperación, que ellos, los periodistas, la dieron como cierta. A ver lo que  sentencia el juez del caso, si le da por el  "uso alternativo del derecho"

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